Así lo expresa en una entrevista publicada en el número 445 del boletín ‘cermi.es semanal’, en la que subraya que, quizás la pandemia ha perjudicado esta comunicación con el gobierno asturiano, pero lo que sí quiere dibujar un próximo año donde la interlocución con el Gobierno de Asturias fuera “realmente productiva”, para que las necesidades que estamos detectando se escuchen y se cubran. 

 

Además de que la administración regional atienda las demandas de las entidades de la discapacidad, la presidenta de CERMI Asturias también busca que garantice la sostenibilidad de este sector, así como la puesta en marcha urgente de la acción concertada, que, por su retraso, “está ocasionando importantes pérdidas que impide dar los servicios de calidad que tienen contratados con la administración.

 

“Esta negociación de la acción concertada, a día de hoy, no se materializa. La situación que viven las entidades es de desasosiego, aunque mantenemos la esperanza de que la situación del retraso se deba a la dificultad en la gestión de los recursos. Tal y como estamos, no podemos seguir”, asevera.

 

El boletín del CERMI también recoge otra entrevista a la nueva vicepresidenta de la Confederación Plena Inclusión, Maribel Cáceres, quien lucha y reclama que, en lugar de que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se encuentren en residencias, “que suelen estar apartadas”, tengan la posibilidad de elegir viviendas en la comunidad, “ya sean pisos tutelados o no, pero que estén en la comunidad”.

 

Además, también anuncia la creación de la Asociación de Mujeres con Discapacidad Intelectual de Extremadura, cuya junta directiva está formada en su totalidad por mujeres con discapacidad intelectual. Su objetivo, afirma, es darles visibilidad y que sea “un empuje” para que otras entidades creen asociaciones como esta “porque, si somos invisibles, no existimos”.

 

Otro de los contenidos de esta publicación es una entrevista del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, a Europa Press, sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, en la que se elimina el término ‘disminuido’, que, según él, “es ofensivo e hiriente”. No obstante, la intención del CERMI, asegura, no solo es cambiar este término, sino lograr una nueva redacción de todo el artículo de la Carta Magna “más ambicioso y completo”.

 

También se incluye en el boletín las conclusiones de la VII Conferencia CERMI Territorios, donde se urgió al Gobierno a aprobar “ya” un nuevo baremo de valoración de la discapacidad, “con arreglo al modelo social”; así como la firma de convenio entre AECID, Grupo Social ONCE y CERMI para fomentar la inclusión de la discapacidad con perspectiva de género en la Cooperación al Desarrollo.

 

Por otra parte, se recoge un reportaje sobre la herramienta tecnológica, ‘AccesibilidApp’, desarrollada por Cocemfe, que ha logrado en sus dos primeros años de vida denunciar 3.194 incidencias de falta de accesibilidad, reportadas por más de 2.000 personas. Una aplicación que tiene como misión permitir a la ciudadanía enviar y comunicar a las entidades responsables las incidencias sobre los elementos de falta de accesibilidad en los municipios (entornos, transporte y edificaciones). 

 

Asimismo, se publica una entrevista realizada a Fedepe por parte de la patrona de Fundación CERMI Mujeres, Teresa Palahí, en la que aborda la participación social de las mujeres como “fundamental” para la viabilidad de las políticas de igualdad.

 

Entre otros contenidos, el último número del boletín ‘cermi.es semanal’ acoge la resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la que el Ayuntamiento de Barcelona debe cumplir un dictamen de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad; la presentación del Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid; o la actuación de Derechos Sociales de recordar a las universidades españolas la “necesidad de cumplir” con la cuota de empleo reservado para personas con discapacidad, tras una queja planteada por el CERMI ante la Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis).